dic 07 2013
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Comunicados

Posicionamiento ante la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales

Ciudad de México, diciembre 5 de 2013.

Lamentamos profundamente que en el Dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, no se hayan incorporado estándares de derechos humanos que exige la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. En dicho dictamen se incluyen disposiciones que afectan gravemente el derecho a la privacidad.

En particular, nos preocupa la ausencia de salvaguardas adecuadas para evitar el abuso de técnicas de investigación, tales como la intervención de comunicaciones privadas y la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil. Por ejemplo: el Código no contempla el control judicial para la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil, o para ordenar la conservación de datos personales en posesión de particulares, lo cual es incompatible con lo que establecen la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. De esta forma, se abre la puerta a la utilización arbitraria de estas herramientas, lo cual puede afectar gravemente la privacidad y la seguridad de cualquier persona.

En este sentido, las organizaciones firmantes hemos propuesto que el Código se adecue a los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones. Estos principios son el resultado de más de un año de consultas entre la sociedad civil y expertos en privacidad y tecnología, y han recibido el respaldo de más de 300 organizaciones y expertos.

En atención a dichos principios, hemos propuesto al Senado de la República que toda técnica de investigación que conlleve la recolección, retención o acceso a datos personales –incluyendo las comunicaciones y los datos de localización geográfica– contemple, como en una gran cantidad de democracias en el mundo, una serie de medidas que garanticen la rendición de cuentas en el uso de dichas herramientas y de esta forma se inhiban los riesgos de abuso.

En particular se ha propuesto la incorporación de los siguientes principios:

  • Autorización Judicial: Se cuente con autorización de un juez federal, el cual debe ponderar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida para la intervención de comunicaciones privadas, la retención de datos y la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil, deben contar. Se propuso un mecanismo de emergencia para que en ciertos casos el acto de investigación fuera llevado a cabo de inmediato y la autorización judicial pudiera tener efectos retroactivos, de manera que no se entorpezca el legítimo fin que representa la investigación de delitos. Sin que se deje de garantizar la rendición de cuentas.
  • Causa Probable: Que se establezca su estricta necesidad y proporcionalidad de intervención de comunicaciones privadas. Para ello debe verificarse la existencia de datos que establezcan un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido o participado en un hecho delictivo. Durante el proceso de elaboración del Dictamen, las Comisiones Unidas eliminaron este requisito que se encontraba previsto en su primer anteproyecto.
  • Notificación al Afectado: Notificación a las personas que sean afectadas por una medida de vigilancia deban ser notificadas sobre cualquier decisión que autorice la vigilancia de sus comunicaciones o revele otros datos personales. Fue propuesto que la notificación podría ser diferida temporalmente para evitar poner en riesgo una investigación, exista riesgo de fuga o de destrucción de evidencia o exista un riesgo inminente de peligro para la vida de una persona.
  • Supervisión Independiente: Un mecanismo independiente de supervisión para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la vigilancia de las comunicaciones, como existe en diversos países.
  • Transparencia: Obligaciones de transparencia estadística periódica, con el desglose y detalle suficientes para conocer y evaluar el alcance, volumen y eficacia de las medidas de vigilancia de las comunicaciones. Al ser información estadística, de ninguna manera se pone en riesgo una investigación, pues no se revelan detalles específicos sobre la misma.
  • Integridad y Seguridad: Que los modos de colaboración impuestos a entidades públicas o privadas para llevar a cabo las medidas de vigilancia no deben poner en riesgo la seguridad e integridad de las comunicaciones, los sistemas y las redes. No debe obligarse a proveedores de servicios a construir la capacidad de vigilancia o de control en sus sistemas, ni a recoger o retener determinada información exclusivamente para fines de vigilancia.

A pesar de que las medidas propuestas constituyen las mejores prácticas a la luz de la jurisprudencia y práctica internacionales y de ninguna manera entorpecen la investigación de delitos, el Senado decidió no incorporarlas al CNPP, además, no fue otorgada una justificación pública, ni en las Comisiones Unidas, ni en la exposición de motivos del Dictamen, respecto del motivo por el cual nuestras propuestas fueron ignoradas.

Las organizaciones firmantes reiteramos la necesidad de que el Código Nacional de Procedimientos Penales sea modificado, de manera que sean recogidos los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones y se garantice la compatibilidad de este instrumento con las obligaciones de derechos humanos del Estado Mexicano.

Suscriben,
Alconsumidor A.C.; ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica; Asociación Mexicana de Derecho a la Información AMEDI; Colaborativo México; ContingenteMX; Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos; ; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación; Propuesta Cívica A.C.; SocialTIC; Son Tus Datos; Electronic Frontier Foundation.

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nov 26 2013
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Carta al Secretario de Relaciones Exteriores para que apoye la resolución de la ONU sobre privacidad en la red

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nov 16 2013
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Activistas

90 days. Gustavo is free. #freeGumalo

Texto de Robles Maloof, traducción de Alex Argüelles, colaboró Jacobo Nájera.

“I saw hunger of justice”

Gustavo Maldonado.

 Freedom is the idea that has built modern politics. As in any other concept, we need to know the details of what “being free” implies, as when referring to people’s lives. Researching, spreading and sharing information on Internet –and other media- are activities included in the concept of freedom, established on the Mexican Constitution and other International treaties. Whenever freedom becomes a discussion, I try to think about its implications in a concrete case.

After the investigation of a federal judge –that, facing the lack of evidence about drug dealing, ordered to Chiapas’ authorities the reclassification of charges-, Gustavo Maldonado recovered his liberty after 90 days of unfair imprisonment last Thursday, October 7th.

I obtained the document at 16:15 and by 17:00 I was stepping out the penitentiary”, Gustavo told me with accurate memory. He was leaving El Amate exactly 90 days after he was taken there.

A week before, a campaign for his liberty started: #FreeGumalo, this campaign was driven by an NGO called Propuesta Cívica. Some time earlier –the day the campaign started- Daniel Gershenson and some fellows of another NGO called ContingenteMX, were calling up in Mexico City to claim Gustavo’s liberty.

 Charged in drug dealing and detained on August 8th , Gustavo’s legal procedure was full of irregularities. The only evidence the judges held against him was an anonymous denounce and some reports of ministerial cops. There was no physical evidence of the presumed illegal substance Gustavo was supposed to hold. A GT-200 molecular detector was used –the detector’s creators now rest in prison for promoting the use of this device, which turned out to be a fraud, due to the fact that it doesn’t detect any molecules at all. Despite keeping his right to avoid any declaration on the case, the prosecutor made some “special questions” to Gustavo, his answers where taken later as confessions –Mexico’s National Supreme Court of Justice has declared this unconstitutional.

Actually, Gustavo Maldonado is a critic of Chiapas’ governments and he had called in recent months to mobilizations in order to support themes and causes he supports such as the civilian claims on water issues in Tuxtla Gutierrez. The afternoon of his detention, he spread a video and retweeted information concerning the government’s bought of a “Blackeyed Hosting Monitor”, a surveillance device to track down digital activists in Chiapas. He was detained while he was buying dinner the night of this year’s August 8th.

 “Did anyone told you something about your internet activism during your imprisonment procedure?” –I asked Gustavo. “No, they were very careful with that. Months before someone told me that Chiapas’ cybernetic police was watching mi page carefully, so I should be aware of this because they could come for me at any moment. The government was worried because in one of the mobilizations someone took out an Anonymous mask. I was not worried because all of the movements I called have been pacific”, he said.

El Amate is, sadly, famous for being a facility for political prisoners. From Alberto Patishtán –who, by the way, wrote a letter to Gustavo-, to the Colectivo de los Solidarios de la Voz del Amate (a collective made up by indigenous political prisoners), and also Pablo Salazar –who built El Amate as Chiapas’ governor and happens to inhabit it now as former governor.

“How was your way through it?”-I asked him. “I thank God for putting people that supported me in my path. Whenever there was someone trying to bother me, some others defended me; many of them followed my work on Internet, they gave me wristbands with captions of Chiapas Legion”.

 “There are people trapped in a system that is not the right one. Many of the ones I knew were hit until they confessed crimes they didn’t committed. I invested a lot of my time in knowing their stories, stories of despair and impotence because their lawyers scammed them or the person in charge of the case is not doing something about it.”

Gustavo is facing an oral judgment, for the supposed drug possession charge. He is not thinking about returning to social networks until he gets rid of the false charges. “Thanks to the people that supported me, we now know about some of us that are into this. We assume risks, but ideals are hunt-proof. This are tough fights, but they are not impossible.”

Gustavo, as many others, works on searching, analyzing and spreading information –and their opinions on that information- through Internet freely; developing similar functions to the ones of a journalist or a human rights defender. As him, this people build digital communities, local and national; where information and discussion is exchanged, having a great influence in the community. When they suffer from any kind of aggression, they tend to avoid conventional media attention or the attention of some so-called “freedom of speech defense organizations” –that won’t understand the importance of their work. Luckily, Propuesta Cívica, SinEmbargoMx and journalists as Isaín Mandujano, Ángeles Mariscal have known how to read the new times.

 The future of freedom of speech belongs to this decentralized citizen nodes that argue about politics in Internet. This processes act -and will keep on acting- as information curators and creators of democracy enrichment platforms.

 Of course we have to celebrate his freedom, but as long as Gustavo has those charges against him we still have work to do. Last weekend he attended, as he used to, his grandparents’ dominical services. He tells me that God has been a key factor in these months of suffering for his family and him, of course. He points out that the mobilization of people –inside and outside El Amate- was the key to his freedom.

 As I proposed on the first paragraph, last weekend I thought about the meaning of freedom regarding Gustavo’s case. Some minutes after I received a message from Gilberto Martínez –catalogued as one of the “terrorist tweeters”- and found the answer to my question there: “His liberty is my freedom.”

 

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oct 14 2013
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El espionaje digital como servicio en México por Jacobo Nájera

Texto de Jacobo Nájera publicado originalmente en Metahumano
La vigilancia en Internet es un servicio que se vende a gobiernos y empresas privadas. Un ejemplo de este negocio es la empresa Gamma Group, dedicada al desarrollo de soluciones para espionaje y monitoreo, dentro de los productos que comercializa se encuentra FinFisher, equipo compuesto de software y hardware que permite mantener vigilancia de forma focalizada al interior de una red. Éste producto cobró notoriedad en los medios de comunicación después de que Wikileaks publicó una ficha técnica de su funcionamiento, mismo que ha sido comprado por estados a lo largo del mundo para espiar a sus ciudadanos, entre los que destaca el que encabezó Hosni Mubarak.

En México se publicó un artículo fechado el 9 julio de 2013, en el periódico Reforma, firmado por Abel Barajas, en el que se expone que la Procuraduría General de la República y otras Secretarías de gobierno implementan el FinFisher, según unos contratos en los que se indica que la venta fue realiza por la empresa Obses de México.

Ante la publicación, un grupo de activistas mexicanos de derechos humanos y periodistas representados por las organizaciones civiles Propuesta Cívica, Alconsumidor y Contingente Mx solicitaron al Instituto Federal de Acceso a la Información investigar sobre el equipo Fin Fisher en México. Las organizaciones señalaron que el equipo es usado para espiar a periodistas y activistas, y que en éste caso viola la Ley de Protección de Datos en Posesión de Particulares.  Para ésta solicitud se apoyaron del informe con criterios de orden científico publicado  por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en el que se afirmó que bajo las redes de Iusacell y Uninet se encuentran dos servidores instalados con software Fin Fisher. Dicho laboratorio interdisciplinario con interés en la seguridad, los derechos humanos y el Ciberespacio, situado al interior del Munk School of Global Affairs, en la Universidad de Toronto.

La respuesta a esta petición fue entregada el mes de agosto a Propuesta Civica A.C., en la que Uninet argumenta la no existencia de un servidor Fin Fisher con respecto al funcionamiento de un proveedor de acceso a Internet, ya que sus servicios de acceso a la red de redes los ponen en relación con el funcionamiento del Fin Fisher y lo descartan desde el punto de vista de sus responsabilidades.  En el sentido de que ellos dicen que físicamente no han permitido la instalación del servidor en alguno de sus centros de datos. Pero no descartaron que uno de sus usuarios lo pudo haber hecho. La respuesta  por su parte Iusacell se encuentra fundamentada de una forma similar. Ambos proveedores de servicios concluyen que no tienen equipos con esas características instalados en sus centros de datos, pero no descartaron que uno de sus usuarios lo estuviera haciendo. En el caso de Iusacell se acompañó de la opinión de un perito.

Mientras tanto el Citizen Lab reportó hace un par de semanas a los involucrados en el procedimiento,  a las organizaciones y al IFAI, las direcciones IP exactas sobre los equipos instalado en los proveedores de acceso a Internet, que bajo sus investigaciones tienen instalado el software Fin Fisher, para los que ellos cuentan con las evidencias de que en efecto estuvo operando hasta el 14 de septiembre, sin descartar la posibilidad de que en estos momentos sigan en operación o se instalaran nuevos.

Por ahora las organizaciones que impulsan el procedimiento (Propuesta Cívica, Alconsumidor y Contingente Mx) se preparan para confrontar las respuestas de los proveedores de acceso a Internet, sobre un fenómeno que cada vez está más presente, al convertirse de una serie de prácticas aisladas a un servicio que vende la empresa Gamma Group bajo la marca FinFisher, entre otras que inician a entrar en este negocio.

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oct 07 2013
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Comunicado de prensa sobre los avances en las investigaciones sobre #Finfisher en Mexico

 

 

México D.F. a 7 de octubre de 2012.

 

Comunicado de Propuesta Cívica, ContingenteMx y Alconsumidor sobre los avances en la investigación sobre el programa de espionaje Finfisher.

P o s i c i o n a m i e n t o

Con  relación a los avances de la investigación del IFAI sobre el uso en México del programa de espionaje Finfisher/FinSpy producido por Gamma Group International (ver antecedentes al final del texto) las organizaciones solicitantes manifestamos lo siguiente:

  • Que nuestra Constitución y los Tratados Internacionales firmados por México, establecen la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la importancia de la protección de los datos personales y la obligación de los Estados de garantizar un marco propicio para la libertad de expresión. La vigilancia ilegal de la actividad en internet constituye el mayor riesgo de nuestro tiempo para el ejercicio de estos derechos.
  • En el contexto de revelaciones sobre la extensión de la vigilancia de los gobiernos a la actividad en internet, es preciso que el gobierno mexicano adopte una más decidida de protección de la privacidad de las comunicaciones y de garantía a la libertad de expresión, incluso frente a la vigilancia de terceros países sobre las comunicaciones de los ciudadanos mexicanos y las del propio gobierno. En congruencia con lo anterior es fundamental precisar y conocer las reglas, protocolos y las políticas públicas en esta materia que las autoridades aplican y es deseable que las mismas sean discutidas ampliamente por todos los actores involucrados y con toda la información necesaria como base.
  • Demandamos del Gobierno Federal la disposición que el momento requiere para generar los mecanismos concretos para un amplio debate social. Para ello es preciso clarificar el marco legal para la autorización, registro y compra de programas y equipos de espionaje y evaluar la necesidad de una reforma con perspectiva de derechos humanos. Asimismo demandamos se publique la información sobre las adquisiciones, características y los protocolos de uso, así como el número de entidades y los mecanismos de control y evaluación para su ejecución. En este sentido, el Gobierno federal debe dar respuesta inmediata al punto de acuerdo aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión, el 17 de julio de este año, entregando el informe detallado que la representación popular ha requerido.
  • Dada la manifestación de Gamma Group en el contexto de la OCDE en febrero de este año que comercializa Finfisher solo de manera directa a agencias gubernamentales y el reconocimiento de Obses de México como revendedor de este producto, demandamos al gobierno mexicano que suspenda el uso de los programas y equipos relacionados con Finfisher, hasta en tanto no se aclare públicamente el origen y legalidad de la versión del producto usado en México.
  • Reconocemos la investigación iniciada por el IFAI y solicitamos que, con base en las direcciones específicas de IP aportadas por el Citizen Lab, requiera a las empresas Uninet y Iusacell el nombre de los clientes que las operan, las características de los contratos contraídos y la actividad que se desarrolla en dichas direcciones.
  • Reconocemos la disposición de Uninet y Iusacell para responder los requerimientos del IFAI, pero consideramos que las respuestas no son lo debidamente exhaustivas, por las siguientes razones:
    • Las políticas de uso de ambas empresas les obligan, junto con los clientes, a cumplir en todo momento las leyes y demás disposiciones vigentes.
    •  No es del todo cierta la afirmación que Uninet “no tiene ninguna responsabilidad sobre el uso que sus clientes hacen sobre las direcciones IP”, dado que la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Telecomunicaciones y las normas oficiales de la serie ISO 27000 eventualmente les imponen obligaciones con relación a las direcciones de IP asignadas a terceros, en temas tales como el spam, malware, pornografía infantil entre otras malas prácticas, sobre todo al hacer de su conocimiento indicios sobre la existencia de presuntas irregularidades ahí cometidas, como es el caso de los elementos de la solicitud de verificación interpuesta ante el IFAI.
    • El peritaje presentado por Iusacell consistió en ejecutar un análisis con un antivirus y comprobar si todos los programas instalados por el proveedor, encontraban un programa con el nombre de “FinSpy”.  Este documento resulta impreciso primero porque “FinSpy” es el nombre de la “puerta trasera” instalada en los dispositivos de los usuarios sujetos a espionaje, no en el componente de servidor del cliente o proveedor. En segundo lugar, porque este no es un análisis forense, se trata de un trabajo externo realizado remotamente.
  • Dados los indicios aportados al proceso de verificación, solicitamos de ambas empresas publiquen la información sobre los clientes que usan las direcciones IP asociadas a Finfisher/Finspy. Es relevante conocer  si el cliente ha instalado el programa sin conocimiento del proveedor o si ha requerido alguna cooperación de los proveedores.
  • Por la información revelada sabemos que Gamma Gruop vende un proxy de infección llamado “FinFly”, que se puede instalar dentro de una red de los proveedores. FinFly funciona cambiando los datos que recibe en su conexión a Internet  para insertar spyware (FinSpy u otro spyware) en archivos, páginas web y actualizaciones de software que descarga, para infectar su computadora. Una vez instalado en un proveedor, el cliente puede dirigirse a cualquier usuario. Tal sistema requiere una amplia cooperación de los proveedores para instalarse.
  • También es importante conocer si los proveedores han cooperado con los clientes en la instalación del sistema “FinSpy móvil” que permite que el cliente infecte teléfonos móviles con malware espía FinSpy, ya que necesitaría acceso a números especiales que no aparecen en los registros de facturación (los números telefónicos utilizados para llamar secretamente a un teléfono, para encender el micrófono, y el número de SMS se utiliza para enviar y recibir comandos).
  • Las organizaciones solicitantes proponemos a Uninet y Iusacell la adopción de las mejores prácticas internacionales en transparencia relacionadas con las solicitudes de información de los gobiernos sobre sus usuarios. Entre otras prácticas se encuentra la emisión periódica de un informe con información desagregada sobre el número y tipo de solicitudes, así como la autoridad que las realiza. Es deseable también que con el objetivo de construir relaciones de servicio basadas en la legalidad y la transparencia se tome  como marco los 13 principios antes citados.
  • Nuestras organizaciones evalúan las diferentes vías legales para obtener información pública relacionado con Finfisher y para determinar la legalidad en la operación de estos instrumentos.
  • Finalmente convocamos a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía a apoyar nuestra solicitud de verificación y a emprender las medidas de autoprotección en entornos digitales necesarias para proteger su privacidad y datos personales en orden de preservar las libertades y derechos fundamentales.

________________________________________________________________________________

[1] A n t e c e d e n t e s

El 30 de abril de 2013, Citizen Lab, prestigiado laboratorio interdisciplinario de la Universidad de Toronto cuya misión es desarrollar investigación avanzada sobre tecnologías de la información, seguridad global y derechos humanos, publicó un informe sobre la proliferación del equipo de espionaje Finfisher/FinSpy capaz de intervenir las comunicaciones privadas de usuarios de internet de forma focalizada y tomar control de las funciones básicas de los dispositivos infectados. En este informe por primera vez México apareció con direcciones IP operadas por las empresas Uninet y Iusacell.

Desde el año 2011 defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han documentado casos del uso de este programa para intervenir comunicaciones de activistas y disidentes políticos alrededor del mundo. El 20 de Junio solicitamos al IFAI iniciara procedimiento de verificación a las empresas Uninet y Iusacell por el uso de dicho programa dentro de su red, con el objetivo de conocer los detalles específicos sobre su operación y proteger los datos personales eventualmente en riesgo. Las solicitud presentada ha recibido el apoyo de prestigiosas organizaciones internacionales como Privacy International, European Center for Constitutional and Human Rights, del propio Citizen Lab y decenas de organizaciones nacionales de derechos humanos, de periodistas y académicos, así como miles de ciudadanos en lo individual. El 26 de junio el IFAI requirió a ambas empresas información sobre la operación de Finfisher dentro de sus redes.

El 10 de julio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, por unanimidad, un punto de acuerdo solicitando información al IFAI sobre la solicitud de verificación, argumentado la importancia de la protección de los datos personales y la libertad de expresión en la red.

El 10 de julio Uninet dando respuesta al requerimiento del IFAI sostuvo que: “Uninet no tiene ningún servidor conectado al bloque de direcciones IP 201.122.xxx.xxx y que los servidores que Uninet utiliza para proveer servicios a sus clientes, no contienen datos personales, ni mucho menos tienen instalados el software denominado finfisher o finspy”… En su informe también sostiene que “Uninet no tienen ninguna responsabilidad sobre el uso que sus clientes hacen sobre las direcciones IP que se les asignan para el uso del servicio”.

El 17 de julio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el que solicita a la Secretaría de Gobernación un informe detallado “sobre la estrategia en torno al monitoreo de información en el ciberespacio, para evitar vulnerar la privacidad de los usuarios y se salvaguarden sus datos personales” incluyendo el uso del equipo Finfisher/FinSpy y a la Procuraduría General de la República solicitó un informe detallado “sobre si existen denuncias sobre una potencial intervención ilegal de los servicios de comunicación”. A la fecha dichas dependencias no han contestado este requerimiento.

El 18 de julio la Secretaría de Marina Armada de México anunció la detención de Miguel Treviño Morales alias el z-40 buscado por diferentes delitos asociados al crimen organizado. Algunos medios de comunicación refiriendo fuentes oficiales señalan que la detención se logró en parte debido a la utilización del equipo Finfisher.

El 23 de julio dando respuesta al requerimiento del IFAI, Iusacell sostuvo que “No han tenido, ni actualmente tienen instalados el programa finfisher o finspy para sustentar lo anterior… solicitó al perito en informática y sistemas computacionales Marco Antonio Ramos Rivera, que realizara una revisión de los servidores y la infraestructura informática de mi representada”.

Ante la información que en México Finfisher/FinSpy se comercializaba por medio de Obses de México, el 30 de julio el IFAI requirió a dicha empresa la forma en qué dicho programa fue adquirido, los permisos y las formas en que se comercializa y los contratos de venta celebrados con entidades públicas y privadas relacionados con Finfisher.

El 5 de agosto en un escrito de respuesta al IFAI,  Obses de México aceptó que ha vendido Finfisher a diferentes entidades del gobierno federal, asimismo manifestó que no vende este programa a entidades privadas ni a gobiernos estatales, declarando que por las cláusulas de confidencialidad firmadas en los contratos de venta de Finfisher, no puede revelar mayor detalle de los mismos y que la ley de protección de datos personales en posesión de particulares no aplica en su caso. Con base en esta respuesta el IFAI determinó iniciar el procedimiento de verificación a Obses de México.

En una revelación difundida por Wikileaks el 4 de septiembre conocimos que ejecutivos de las empresas Gamma Group y Hacking Team Ht Srl, dedicadas a vender servicios y productos de espionaje cibernético y telefónico,  visitaron México entre el 14 y el 17 de febrero estuvo en nuestro país Carlos Gandini, alto ejecutivo de Gamma International y Martin Muench, desarrollador de la cuestionada aplicación FinFisher, comercializada por esa misma corporación, fue enviado a México entre el 23 y el 26 de abril.

Con el propósito de aportar mayor información a la investigación del IFAI, el 18 de septiembre Citizen Lab envío al IFAI una comunicación donde precisa las direcciones IP de Uninet y Iusacell donde Finfisher fue detectado, las que permitirían identificar al cliente que las opera. En esa comunicación precisa además que hasta el 13 de septiembre los Centros de Comando y Control de Finfisher en tales direcciones, siguen activos.

 

ciberactivismomx

oct 05 2013
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Comunicados Enlace

Últimos avances en las investigaciones sobre #Finfisher en México. Conferencia de prensa

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oct 02 2013
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The Devil’s Ouija against a digital activist in México.

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By: Jesus Robles Maloof - Translated by Rurik Hernández October 1, 2013 - 6:22

 
In a few days Gustavo Maldonado López digital activist from Chiapas, will fulfill two months unjustly deprived of his liberty. In social networks and use of images, text and information gathering Gustavo denounced abuses that the mayor of Tuxtla Gutierrez, Samuel Toledo Córdova, and maintained a relentless critique of Chiapas government headed by Manuel Velasco Coello.

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sep 24 2013
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Activistas, Convocatorias, finfisher

Programa del Foro y Taller “Democracia Digital y Ciberactivismo”, 7 y 8 de octubre 2013

Para el segundo día del foro, que tendrá lugar en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, es necesario presentar una identificación oficial (de preferencia IFE) en la entrada al campus. El evento se realizará en el Salón de Consejo de 3er piso de la Biblioteca. Para cualquier duda, comunicarse con Paola Ricaurte al teléfono 54832302.

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ago 29 2013
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Comunicados

#GándaraNo

Ante la posibilidad de que el actual Senador por Sonora Ernesto Gándara Camou (PRI): ex alcalde de Hermosillo y responsable de protección civil durante el incendio de la Guardería ABC, sea presidente de la Cámara Alta, el ContingenteMX comparte con la opinión pública lo siguiente.

Nuestro país sufre una crisis de valores. La clase política de todos los partidos le apuesta a la desmemoria generalizada. Las grandes y vergonzosas tragedias que enmarcan nuestra historia reciente, lo confirman.

El aciago viernes 5 de junio de 2009 en Hermosillo, el país tocó fondo. Como se sabe, un incendio evitable cobró la vida de 49 bebés y lesionó de por vida a decenas más. La respuesta de los tres niveles de gobierno ha sido, a lo largo de estos casi 51 meses interminables, indignante. Impera la más absoluta impunidad y corrupción relacionadas con la peor tragedia infantil de México.

La relación de empresarios y políticos que, lejos de enfrentar la acción de la justicia, han prosperado a la sombra de este siniestro inimaginable, es extensa. El ex director del IMSS que intensificó el esquema privatizador de estancias infantiles Juan Molinar, es hoy vocero del PAN y secretario técnico del Pacto por México; los príistas Claudia Pavlovich Arellano y Abel Murrieta González (recomendadora oficial de los dueños de la Guardería ABC ante el juez que llevaba la causa y encubridor oficial desde su puesto en la Procuraduría estatal durante las administraciones de Eduardo Bours y Guillermo Padrés, respectivamente), fueron favorecidos por los electores sonorenses con una Senaduría y diputación local: puestos que ejercen estos dos personajes en la actualidad.

El caso de Ernesto Gándara Camou (PRI) es aún más emblemático, si se quiere. El ex presidente municipal de Hermosillo durante los acontecimientos que nos ocupan también es Senador, y suena fuerte como el más aventajado precandidato a la gubernatura de Sonora para 2015. Gándara reside la Comisión de Trabajo, y su nombre se baraja en estos momentos para posiblemente presidir el Senado a partir del primero de septiembre próximo.

Hacemos un llamado a todas las fracciones de la Cámara Alta para que repudien este nombramiento, si acaso se vuelve realidad. Ernesto Gándara Camou carece de autoridad moral alguna, para desempeñarse en cualquier circunstancia como líder de esa representación legislativa.

El Senado tiene la oportunidad de rescatar la memoria de veinticinco niñas y veinticuatro niños de la Guardería ABC, negándole a Gándara la oportunidad de confirmar que la complicidad en eventos como éste es altamente redituable.

El ContingenteMX repudia en los términos más contundentes, el que se considere siquiera a Gándara Camou como posible presidente del Senado.

México, DF, a 29 de agosto de 2013.

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ago 16 2013
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Gustavo Maldonado, bolgger and political prisioner in Chiapas. #FreeGumalo

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"Brothers and sisters, I address you from the Amate prision: a place where I have been exposed to terrible cases of injustice."

 

Gustavo Maldonado Lopez, blogger and political prisoner.

 

 

The arbitrary arrest last August 8 of Gustavo Maldonado, a digital activist in Chiapas, reminds us that the battle for freedom of expression in Mexico never truly ends. The Amate Penitentiary has a new political prisoner. 

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#FreeLegionChiapas
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