Solicitud a Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA

Imagen

 

 

 

Catalina Botero Mariano

Relatora Especial para la Libertad de Expresión

Organización de los Estados Americanos

 

Frank La Rue

Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión

Organización de las Naciones Unidas

P r e s e n t e

 

En ejercicio de nuestro de derecho reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en defensa del derecho de acceso libre a internet libre reconocido en el artículo 6 de la Constitución de nuestro país, dirigimos a ustedes la presente comunicación sobre la situación que atraviesa México en relación con los derechos humanos en internet.

 

I. A n t e c e d e n t e s

 

El Contingente MX es un grupo de activistas digitales creado en 2010 que desde entonces ha participado en la defensa de casos relacionados con la libertad de expresión en internet y en la incidencia en reformas legislativas que abordan derechos digitales. Ha defendido a activistas digitales y a usuarios de redes sociales en contra del autoritarismo gubernamental. Se ha manifestado públicamente en contra de las formas de espionaje ejercidas por gobiernos nacionales y de otros países.  México ha sido llamado por organismos internacionales como uno de los países que más ha comprado programas de spyware como FinFisher, Da Vinci y Bluecoat. Su uso generalizado ha sido criticado abiertamente por organismos nacionales e internacionales, y su dudosa legalidad ha sido cuestionada por el Congreso mexicano.

Estamos convencidos de que la libertad de expresión es una de las principales manifestaciones para la consolidación la democracia en cualquier país. Sin libertad de expresión las sociedades están condenadas a prescindir de información para el libre ejercicio de otros derechos.  Un apropiado manejo de datos personales con estrictos protocolos administrativos así como el tratamiento igualitario a contenidos y servicios, posibilita el pleno respeto a los derechos de las personas.

Conforme a estos principios, en marzo de 2013 fue presentada una iniciativa ciudadana por el colectivo Libre Internet para Todos -del que el Contingente MX forma parte- que incluyó por primera vez la agenda digital ciudadana a la discusión legislativa en telecomunicaciones, al menos en lo que a Internet se refiere. Con la firma de 127 mil ciudadanos, esta iniciativa consiguió reformar la Constitución Mexicana para adicionar el artículo 6 y establecer “la garantía para el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, banda ancha e internet”.

A pesar de este logro ciudadano, la reciente propuesta de Ley secundaria en Telecomunicaciones, presentada el 24 de marzo de 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, contraviene lo establecido un año atrás no únicamente en garantizar el derecho de acceso, sino en varias disposiciones que de aprobarse abonarían a un Estado autoritario y controlador de las comunicaciones digitales de la ciudadanía mexicana. Con preocupación observamos que las modificaciones no consideran a las personas y sus derechos como eje principal del marco regulatorio, ni siquiera hay un capítulo designado para tal fin. Los proveedores de servicios así como a las facultades atribuidas al Estado se colocan por encima de las personas. Como colectivo acudimos a los Foros en el Senado para fijar nuestra postura sobre la reforma y posteriormente entregamos una propuesta técnica detallada de lo que la ley debe contemplar para cumplir con los tratados y estándares internacionales de derechos humanos.

Hemos identificado al menos cuatro planteamientos indispensables para la consolidación de una sociedad democrática que están siendo vulnerados con la iniciativa presidencial: la garantía del derecho de acceso a Internet, la libertad de expresión, la privacidad y la neutralidad de la red.

II. Análisis de la propuesta del Ejecutivo Federal desde la óptica de los derechos humanos

  1. Garantía del derecho de acceso a Internet

La propuesta de ley secundaria de Peña Nieto no consideró la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 6, llevada hasta el Congreso por el Colectivo Libre Internet Para Todos desde hace un año, y que hasta la fecha no ha sido dictaminada por los legisladores. La desatención a esta propuesta ciudadana pone en riesgo el derecho de acceso consagrado en la Constitución. No se habla de infraestructura, instalaciones y tecnología necesaria para este efecto. Así como tampoco se mencionan las responsabilidades del Estado.

  1. Libertad de expresión

El artículo 197 de la propuesta se refiere a la posibilidad de interrumpir las señales de telecomunicaciones y establece a la letra que se podrá “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes” pero no aclara en qué tipo de lugares o situaciones podría aplicar la norma y deja un espacio peligroso a la interpretación subjetiva del artículo.

En este sentido, la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet por ustedes firmada, establece que:

La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.

Además, el artículo 145 contiene disposiciones que se traducirían en actos de censura porque los concesionarios o proveedores del servicio de Internet podrían “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”. De esta manera se abre la oportunidad a una selección indiscriminada de contenidos que pueden o no publicarse. La selección expresa del usuario, de ser necesaria, puede llevarse a cabo sin la intervención de la autoridad y con la utilización de aplicaciones para tal efecto, como son los controles parentales.

La propuesta contradice lo que la Declaración Conjunta, arriba mencionada, establece para este tema, y es que:

Los sistemas de filtrado de contenido impuestos por los gobiernos y los proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa, y bajo ningún caso representan una restricción justificada a la libertad de expresión.

  1. Privacidad

En lo que refiere al tema de la privacidad de los usuarios y protección de datos personales, la propuesta presidencial a través del artículo 189 obligaría al proveedor del servicio de Internet a geolocalizar dispositivos en tiempo real por motivos de “inteligencia” y sin estricta orden de un juez sino a petición “del Procurador General de la República, de los procuradores de las Entidades Federativas o de los agentes del Ministerio Público”.

En el mismo capítulo, el artículo 190 obliga a concesionarios y proveedores a permitir que “autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten”. Es importante hacer hincapié en que en el documento se solicita a concesionarios y proveedores contar con la tecnología de vigilancia pero no explica cómo se controlará su ejecución, a fin de evitar abusos.

La iniciativa no menciona qué tipo de tratamiento deberán dar los concesionarios a los datos personales que están obligados a almacenar según esta ley. A pesar de que para este efecto instrumenta la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, esta disposición no se adecua a los fines de este tipo de vigilancia,  que gozan de una protección especial.

Contra una tendencia internacional creciente que establece límites estrictos sobre la retención de datos o incluso su prohibición absoluta, los artículos 192, 193 y 194 establecen para los proveedores de servicios la retención de datos durante dos años, que puede extenderse a solicitud – y para este caso, a discreción- de las autoridades.

  1. Neutralidad de la red

La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet advierte que:

El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación.

El presidente Peña Nieto propone que:

“Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”.

Después de haber avanzado en la consagración del derecho de acceso a Internet como un derecho constitucional pleno (artículo 6), la iniciativa de Peña no promueve medios de acceso a los sectores más vulnerables de la población; más bien, es un catálogo limitado de programas generales sin hacer avanzar los derechos específicos, y condena a este país a seguir ocupando los niveles más bajos en términos de acceso a Internet.

El pasado noviembre, el Contingente Mx instó al gobierno mexicano a manifestar su apoyo al proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con la privacidad en Internet, tal como se había propuesto originalmente por Alemania y Brasil. México no solo votó a su favor, se convirtió en uno de sus primeros proponentes.

La resolución A/C.3/68/L.45/Rev.1 de la ONU correspondiente a El Derecho a la Privacidad en la Era Digital, específicamente en el artículo 4, apartados a) , b ) , c ) y d) establece garantías de protección a la privacidad, así como garantías de no impunidad en casos de abuso; además, establece procedimientos de control de las intervenciones legales, la rendición de cuentas independiente y requisitos de transparencia, así como mecanismos de supervisión de la vigilancia oficial.

En concreto, pugnamos para que la legislación mexicana se fundamente en la Resolución de la ONU sobre el Derecho a la Privacidad en la Era Digital, y la Declaración Conjunta de la OEA relacionada con los programas de vigilancia y su impacto para la Libertad de Expresión. Además deberá considerar los 13 Principios Internacionales pertinentes a la Aplicación de los Derechos Humanos para la Vigilancia de Comunicaciones, así como índices internacionales que garanticen el respeto absoluto de los Derechos Humanos en Internet.

 

 III. P e t i t o r i o s

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicitamos que en el marco de su mandato:

  1. Dirijan una comunicación al Congreso de México con la finalidad de recordar las obligaciones del Estado mexicano contenidas en los tratados internacionales y en las recomendaciones de los órganos especializados.
  1. Soliciten al Congreso mexicano información adicional sobre el proceso de legislativo de dictamen de la iniciativa de ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por Enrique Peña  Nieto.

Atentamente,

Contingente Mx

Ciudad de México, 21 de abril de 2014.

About these ads

11 thoughts on “Solicitud a Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA

  1. El intenet, el publicar o decir lo que sientes, piensas a través de este medio, no es de ninguna manera un atentado contra la seguridad nacional, y si allí sustentan su ley de telecomunicaciones, estan mal porque de nada habrán servido sus reformas a la constitución, con tal de aparentar que estan cumpliendo con la recomendación que diera la corte interamericana, en el caso radilla, pues nos estarían quitando un derecho humano.

    Me gusta

  2. No es justo que este tipo atente en contra de un derecho natural, hasta dode yo tengo entendido, ningun servidor público tiene derecho de censurar todo o parte de dicho derecho y los demás derechos naturales. Es hora de mostrarle a este cabrón qu aunque sea el presidente, no es el dueño de México. El es servidor público. Por tanto, tenemos el poder de exigir su renuncia como máximo mandatario, pues el trabaja para nosotros, no al revés como el piensa.

    Me gusta

  3. La censura y el corte a las telecomunicaciones en “eventos masivos” da pie a que se cancele el internet a los ciudadanos en cualquier momento y con cualquier motivo político, es una clara violación a la libertad de expresión con fines convenientes a los intereses de las autoridades y del gobierno en particular. No podemos permitir que se sigan decidiendo situaciones sin alzar la voz y oponernos a reformas que no salvaguardan nuestros derechos e intereses.

    Me gusta

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s